Polémica por el informe del Comité de la ONU sobre cuerpos no identificados en Bogotá
Recientemente, la visita de dos miembros del Comité de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada a Colombia generó una intensa controversia. El organismo internacional aseguró haber recibido información sobre la existencia de cerca de 20.000 cuerpos no identificados almacenados en un hangar del aeropuerto de Bogotá, gestionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Este informe preliminar, divulgado en una rueda de prensa el 5 de diciembre, provocó indignación y dudas tanto en el gobierno colombiano como en la ciudadanía.
Contexto de la denuncia
El Comité, representado por Carmen Rosa Villa Quintana y Juan Pablo Albán Alencastro, visitó diversas ciudades como Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio para evaluar la problemática de la desaparición forzada en Colombia. Durante su recorrido, se reunieron con víctimas, organizaciones sociales y autoridades, y asistieron a exhumaciones y procedimientos relacionados con la búsqueda de desaparecidos. En sus conclusiones preliminares, destacaron la falta de recursos materiales y humanos para identificar a los desaparecidos y la acumulación de cuerpos en instalaciones inadecuadas.
Fue en este contexto que mencionaron la presunta existencia de los cuerpos en el aeropuerto, citando como fuente al Instituto Nacional de Medicina Legal. Según Villa Quintana, los cuerpos no serían “hallados” recientemente, sino restos que permanecen resguardados por falta de espacios adecuados para su conservación.
Respuesta de las autoridades colombianas
La reacción no tardó en llegar. El Instituto Nacional de Medicina Legal negó tajantemente la acusación. En un comunicado, afirmó que desconoce la existencia del supuesto hangar y que no ha recibido solicitudes de ninguna autoridad para analizar casos relacionados. Por su parte, Opain, la empresa que administra el aeropuerto El Dorado, aseguró no tener información sobre la presencia de cadáveres en sus instalaciones.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la afirmación como “muy grave” y pidió a Naciones Unidas presentar pruebas que respalden su informe. Según Galán, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni las autoridades locales tienen evidencia que corrobore la declaración del Comité.
A nivel nacional, el gobierno expresó su malestar a través de una nota de protesta. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió “transparencia” en torno a una denuncia que calificó de infundada y perjudicial para la opinión pública. Además, el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón, informó que la información recibida por el Comité fue catalogada como "creíble" por una fuente estatal, aunque no se especificaron más detalles.
Desafíos en la búsqueda de desaparecidos
Este incidente pone en evidencia los enormes retos que enfrenta Colombia en la gestión de su problemática histórica de desapariciones forzadas. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el país registra más de 100.000 personas desaparecidas tras más de seis décadas de conflicto armado. Aunque el proceso de paz de 2016 impulsó mecanismos para abordar esta crisis, las limitaciones de recursos y la falta de infraestructura adecuada han dificultado avanzar significativamente en la identificación de restos.
Próximos pasos
El Comité de la ONU finalizó su visita el 5 de diciembre y tiene previsto publicar un informe completo con recomendaciones en marzo de 2024. Sin embargo, este primer informe preliminar ya ha generado un intenso debate en el país, poniendo a prueba la relación entre el gobierno colombiano y organismos internacionales.
Mientras se esperan más detalles que esclarezcan la situación, este caso resalta la importancia de abordar la desaparición forzada con rigor, recursos adecuados y cooperación entre las instituciones locales e internacionales para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
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